Por Marcia Franque, El Mercurio Valparaiso.

Ana Luisa tiene 15 años y hace dos semanas tuvo su primera relación sexual con el chico que siempre le gustó. Esa noche, al llegar a casa, se mostró inquieta y nerviosa. Cuando su mamá se acercó a preguntarle qué ocurría, de inmediato se puso a llorar y le contó lo sucedido.

Esa noche, por primera vez, madre e hija sostuvieron una larga conversación sobre el sentido de la sexualidad y lo positivo que era abordarla en un contexto de amor y respeto. Ana Luisa se sintió tranquila y acogida por su madre, porque vio un camino que la podría ayudar. Al día siguiente fueron al consultorio y pidieron la píldora del día después.

Hoy la joven sabe que, de no haber contado con esa medida de urgencia, su vida podría haber cambiado radicalmente y por eso quiso entregar su testimonio. Sin embargo, ella y su madre solicitaron cambiar el nombre y mantener su identidad en reserva, debido a que no quieren verse estigmatizadas y consideran que el episodio es parte de la privacidad de su familia.

Realidad regional

La experiencia que relata Ana Luisa no es aislada, pues según la V Encuesta Nacional de la Juventud, el 77,6% de los jóvenes de nuestra región inició su actividad sexual entre los 14 y 18 años. Un 47,1% de ellos no utilizó método anticonceptivo alguno durante su primera relación sexual.

Lo más contradictorio es que a pesar de lo anterior, sólo el 65,6 % de los jóvenes de la región de Valparaíso está de acuerdo con el uso de la píldora de anticoncepción de emergencia, mientras que sólo un 15,4% se manifiesta contrario a su uso.

Otro dato relevante para formar este mapa regional es la cifra de embarazos no deseados: la misma encuesta revela que éstos se producen en el 22% de las mujeres entre 15 y 29 años. El 16% pertenece al nivel socioeconómico ABC1; 15,8% al C2; 22,7% al C 3; 29,3% al D y 30,7% al E. Es decir, la tasa aumenta según desciende el nivel socioeconómico.

Esto permite afirmar que en los grupos socioeconómicos de menores ingresos de la región (D y E), el porcentaje es de un 30% de embarazos no deseados en el segmento joven.

Rechazo de Injuv

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de la Juventud V Región mantiene una actitud cuestionadora respecto a la prohibición de entregar la pastilla en el sistema público. Es más, su directora regional, Priscila Corsi, califica la medida como discriminatoria e inequitativa.

"En nuestra región el 30 % de las mujeres de estratos D y E, es decir las más pobres, han sido madres fruto de embarazos no planificados entre los 15 y 29 años. Por ello, nos preocupa que no se pueda entregar la píldora de emergencia en los consultorios, con lo cual sólo se beneficia a quienes tienen dinero para pagar una consulta médica para que se les entregue la receta que permita comprarla", afirma la dirigente, quien enfatiza que con este tipo de medidas y acciones, se vulnera la igualdad de derechos de la población y se dificulta la salida de los círculos de pobreza a las mujeres más vulnerables del país.

Lo concreto es que la discusión no sólo se queda en las cifras, sino también ha traspasado la arena política en todos los niveles. Por una parte, RN reconoce que no tiene una postura oficial respecto al tema, mientras que algunos miembros de la UDI afirman que no tienen complejos en relación con los métodos anticonceptivos. Incluso, parlamentarios han exigido a la DC sanciones en contra del integrante del Tribunal Constitucional, Mario Fernández, por votar contra la distribución de la píldora del día después. A ello se suma la movilización de cinco ministras, quienes hicieron una férrea defensa de los anticonceptivos de emergencia.

EMPLAZAMIENTO

En nuestra región también hubo emplazamientos a los cuatro diputados que votaron a favor del requerimiento de inconstitucionalidad que derivó en el veto a la distribución de la polémica píldora. Los formularon los integrantes del gabinete regional, encabezado por la seremi de Gobierno, Catty Orellana.

En la ocasión, las autoridades repudiaron la decisión destacando que uno de los mayores orgullos consignados por la historia de salud pública en Chile, dice relación con las medidas implementadas en los años sesenta orientadas a la planificación familiar y a tener programas de anticoncepción altamente eficaces.

"Más allá de discusiones técnicas teñidas de concepciones religiosas, lo que aquí tenemos es una decisión profundamente clasista y discriminadora que le niega por un lado, un método seguro para evitar abortos y muertes a las mujeres, y por otro, la posibilidad de ejercer derechos básicos sobre su cuerpo y elegir libremente la oportunidad de un embarazo", afirmó la seremi de Gobierno.

Entre los 36 parlamentarios que firmaron el requerimiento en contra del Decreto Supremo Nº 48/2007 del Ministerio de Salud, figuran los diputados RN de la zona Francisco Chahuán, Amelia Herrera y Alfonso Vargas, así como Marcelo Forni, de la UDI.

"Estos representantes populares, que dicen atender los problemas reales de la gente, debieran explicar cómo evitarán las muertes provocadas por abortos clandestinos, que inevitablemente aumentarán en las mujeres de sectores populares, y cómo evitarán también el aumento de adolescentes embarazadas, contribuyendo con ello a aumentar el círculo de la pobreza, producto de recién nacidos no deseados, en su gran mayoría hijos de madres adolescentes y pobres", acusa Catty Orellana.

NO ES RELEVANTE

Sobre este último aspecto, también hay diferencias entre los partidarios de la pastilla de emergencia, pues los especialistas del área médica afirman que, de prohibirse la entrega en los consultorios, no habría un efecto significativo en el número de abortos que se logran registrar.

El doctor Daniel Verdessi, presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y concejal de Quilpué, precisa que la pastilla de emergencia se solicita en muy bajas cantidades en los consultorios municipalizados de la región.

"Hay una cierta actitud de los jóvenes, más bien reacia a pedirla, porque además, se supone que hay una consejería. Entonces, algunas municipalidades, dependiendo de lo conservadoras que sean, la entregan con mucho más restricciones, por lo que en algunos casos ni siquiera la solicitan. Por lo mismo, nos parece que el problema no es tan grave", sostiene Verdessi.

Otro dato que agrega el médico es que, de las renovaciones de las dosis que los municipios solicitan al Ministerio de Salud, éstas no siempre se concretan dentro del año.

"Una municipalidad media solicita anualmente cerca de 50 dosis. Como salubrista, puedo decir que éste no es un problema relevante en salud pública, por lo que me parece que hay una exageración respecto a la importancia que tiene el tema", afirma Verdessi, quien agrega que hace más de 40 años que se comercializa en el mercado el principio activo de la píldora del día después (Levonorgestrel), la que incluso se puede encontrar a muy bajo precio.

A propósito de ello, en un recorrido por farmacias de la región se constató que el laboratorio que elabora la Postinor-2 (cuyo valor oscila entre los $8.000 y $8.500) canceló la licencia del medicamento. En su reemplazo, la mayoría de los establecimientos ofrece el Postday ($4.300 y $4.800). En ambos casos se requiere receta médica.

VIDA Y CONCIENCIA

¿Pero cuál es el argumento de los principales detractores de que esta píldora se entregue en el sistema público? Plantean que con ella se eliminó la última de las políticas públicas en torno a fertilidad y se reguló la vida sexual de los chilenos, generando una brecha de inequidad. Ello, pues sólo quienes tengan el dinero podrán comprar la píldora.

Si bien la Iglesia se ha pronunciado a través de la Conferencia Episcopal de Chile, en nuestra región el sacerdote padre Enrique Opaso, a cargo de la parroquia Santa María de Los Ángeles de Reñaca, respaldó las opiniones del presidente de dicha instancia, monseñor Alejandro Goic, en orden a que "hay que respetar la institucionalidad vigente".

"El principio de la vida lo vamos a defender siempre, por una razón muy simple: hay quienes plantean que es abortiva y otros que no, ambos con argumentos muy potentes. Ante esto aplicamos un principio moral, que dice que ante la duda, abstente, no vaya a ser que estemos asesinando a niños inocentes en el vientre de su madre", afirma el pastor, quien agrega que aplaude la decisión del Tribunal Constitucional, pues a su juicio constituye una muestra de que la legislación también está fundado en el derecho natural.

Una opinión muy distinta expresa el obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas UNE-Chile, entidad que reúne a un gran conglomerado de organizaciones e iglesias. En términos simples, plantea que al considerar que la pastilla en cuestión no es microabortiva, son partidarios de que rija la libertad de conciencia, libertad de decisión de personas con criterio formado, para que sean ellas quienes asuman su responsabilidad.

"No somos dueños de la conciencia de nadie, y el planteamiento de las políticas de control de natalidad de salud pública han sido claras y aceptadas por toda la ciudadanía", afirma el obispo, quien agrega que de concretarse la decisión del fallo del TC, las personas de más escasos recursos no tendrán acceso a la píldora, cuestión que les parece injusto en caso de que no sea microabortiva.

"No apoyamos la distribución sin control. Creemos que personas jóvenes, acompañadas de sus padres, podrán decidir en casos de violaciones, o bien madres que corren el riesgo de morir. Las personas decidirán en su momento", sostiene el obispo evangélico, quien aclara que no son partidarios del aborto.

BAJA DEMANDA EN CONSULTORIOS

Volviendo a la realidad regional, todo parece indicar que en esta zona, la prohibición no tendrá consecuencias significativas en el número de abortos.

Sólo como referencia, indagamos qué sucede en la Unidad de Emergencia del hospital Carlos van Buren, donde hasta hace un tiempo, la cifra mensual de abortos oscilaba entre 55 y 60.

Gladys Cordero, matrona coordinadora de Maternidad, advierte que desde que se implementó la entrega de la pastilla del día después, se redujo levemente este número, llegando a 40-45 casos.

"De todos modos, es necesario precisar que en esta baja inciden varios factores, y no sólo la pastilla. Me refiero a que ahora hay más información sobre métodos anticonceptivos y mayor difusión sobre sexualidad. Por lo tanto, no se puede atribuir esta baja sólo a la entrega de la píldora", enfatiza la profesional.

Otro modo de comprobar el bajo impacto que tiene en la región la píldora de la discordia, es analizar la demanda en los consultorios. En el caso de Valparaíso, el doctor Alejandro Yáñez, director del área de Salud de la Corporación Municipal de este municipio, sostiene que el 70% de la población está inscrita en ellos, de la cual la mitad pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos. Allí, en los últimos tres meses, sólo se han entregado 30 tratamientos completos al mes.

"Considerando que tenemos 12 consultorios, más tres Sapus (Servicios de Atención Primaria de Urgencia), en la práctica entregamos sólo dos tratamientos mensuales en cada uno, lo que es muy bajo. Con esto quiero decir que el impacto real de la píldora es cero", comenta el doctor Yáñez, aun cuando reconoce que la tendencia del uso de este sistema de anticoncepción ha ido en alza.

Una situación similar ocurre en Viña del Mar, donde cerca del 75% de la población está inscrita en los consultorios (10). Allí, Marcela Sierra, subdirectora técnica de la Dirección de la Corporación de Viña del Mar, precisa que en promedio se solicitan dos y media dosis por consultorio, pero observa que si bien en términos numéricos la cifra puede ser baja, el impacto que tiene cuando se analiza caso a caso, siempre es alto.

"Esto es similar a la guagua que nació en el baño. Pueden ser muy pocos los casos, pero para la persona que vive la situación es terrible. Por lo tanto, el impacto será relativo y dependerá de cuánto le afecta al solicitante", comenta.

En Quilpué, el 82% de la población se atiende en alguno de los seis centros de salud de la comuna, donde la demanda es de dos a tres tratamientos al año.

En los tres consultorios de Villa Alemana, la situación es similar a la descrita en Valparaíso y Viña del Mar. El doctor Víctor Vicuña, director del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, precisa que allí se atiende al 75% de la población y que en total se entregan unos 10 tratamientos al mes. Para él, el impacto de la prohibición se da en dos aspectos: "en lo biológico, el problema no es tanto, puesto que son muy pocos los tratamientos que aquí se entregan. Sin embargo, el efecto sería mayor en lo social, puesto que algunas personas podrían quedar desprotegidas en una situación de emergencia".

TRES DIMENSIONES

La misma situación se repite en Quillota, donde 95% de la población está validada por Fonasa. Aquí operan tres consultorios y una posta, que en total entregan un promedio de 30 dosis mensuales.

A juicio el doctor Víctor Alvarado, director del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, el efecto del fallo del TC tiene tres dimensiones: "desde el punto de vista de la ética de las personas, plantea que habría individuos pasados a llevar en su libertad de elegir, molestos con sus establecimientos de salud porque no obtienen lo que necesitan y porque son tratados como personas que requieren de tutores morales o legales para practicar su sexualidad y decidir sobre su reproducción".

"Desde el punto de vista sanitario, el impacto está en directa relación con la cobertura de la población que lo usa; y desde la política pública, podríamos decir que guarda relación con el aumento de la inequidad", manifiesta el doctor Alvarado.

La dura polémica que se desarrolla en torno a la prohibición de entrega de este fármaco, posee muchas aristas valóricas, científicas y teóricas, pero en la práctica tiene poca relevancia en nuestra región, salvo para el caso puntual de la joven que el día de mañana llegue a pedir la píldora y tenga que regresar a su casa, probablemente angustiada y con la posibilidad de quedar embarazada.

¿Es abortiva o

no?

Aún no hay consenso respecto a si la polémica pastilla es o no abortiva, punto que cobra una mayor importancia, si se considera que en este aspecto se fundamenta parte de los argumentos de quienes la rechazan.

El doctor Hugo Leiva Pérez de Arce, médico director de la Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva de Viña del Mar dice que no es abortiva: "El Levonorgestrel de 0.75 mg o píldora del día después, como es conocida popularmente, es un método anticonceptivo de emergencia que está indicado en casos bien puntuales para evitar el embarazo. El Levonorgestrel, usado en esas dosis, actúa inhibiendo la ovulación y de esta manera impide el embarazo. Si éste se usa cuando ya se ha producido la ovulación, puede fracasar, ya que no altera el proceso de fecundación ni de implantación embrionaria".

Esta misma postura la comparte la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, que a través de una declaración pública suscrita por la doctora Verónica Chamy, directora del Departamento de Obstetricia y Ginecología, y por el doctor Mario Parada, docente del Departamento de Salud, plantea que la anticoncepción de emergencia es una de las estrategias más efectivas para disminuir la mortalidad materna, ya que contribuye a prevenir los embarazos no deseados que ocurren por falla del método anticonceptivo utilizado, violación, relación sexual no protegida o por manejar información errada sobre fertilidad y reproducción.

Recuerda que a partir del año 2000 se han dado a conocer 16 investigaciones en publicaciones científicas referidas al Levonorgestrel (LNG) como anticonceptivo de emergencia y plantea que sus resultados muestran que la anticoncepción de emergencia previene el embarazo interfiriendo con la migración de los espermatozoides y con la ovulación, pero no con la implantación del embrión. "No hay estudios que demuestren que la píldora del día después tenga efecto abortivo", afirma la declaración.

"Debemos ser consecuentes con lo que la evidencia nos señala: el uso del LNG es correcto y no atenta contra la vida. Como miembros de la Facultad de Medicina estamos disponibles para hacer todo lo que sea posible como profesionales y ciudadanos para que la cordura se reinstale en la sanidad chilena, para que no se caiga en discusiones morales respecto de problemas sanitarios que enferman, síquica y físicamente, y que finalmente provocan la muerte", concluye la declaración.